Desde 2024 circula por el sector una frase peligrosa por lo que tiene de verdad a medias: «el Supremo ha tumbado el ratio, ya se pueden pedir licencias». Conviene ordenar qué ha pasado, qué ha cambiado de verdad y qué dice el mapa a día de hoy — porque hay dinero real decidiéndose sobre este malentendido.
Qué dijeron los tribunales, en orden
Primero el TJUE (asunto C-50/21, junio de 2023, sobre el área de Barcelona): limitar las autorizaciones VTC con un ratio como el 1/30 restringe la libertad de establecimiento y solo se sostiene con una justificación sólida — y proteger la viabilidad económica del taxi no vale por sí sola. Después el Tribunal Supremo, que en 2024 asumió la doctrina europea y anuló la aplicación automática del ratio: denegar una solicitud con la fracción como único argumento, sin justificación caso a caso, dejó de ser derecho utilizable.
Lo que no dijo ninguno de los dos: que la ventanilla quede abierta, ni que las solicitudes pendientes se concedan en bloque. El resultado es más fino — y más incómodo: las administraciones ya no pueden esconderse detrás del automatismo, pero conservan la capacidad de denegar si motivan. La pelota está en la calidad de cada justificación, expediente a expediente, territorio a territorio. El análisis jurídico completo está en ¿es legal el ratio 1/30?.
El mapa real, a julio de 2026
Con esa doctrina encima de la mesa, ¿dónde se puede pedir hoy? La respuesta del mapa regulatorio de VTC360, que sigue el estado de la ventanilla con fuente y fecha en cada provincia, es tozuda: a julio de 2026, ninguna de las 52 provincias tiene la ventanilla abierta en la práctica. Las solicitudes nuevas siguen encontrando denegación — ahora con justificaciones más elaboradas — y la vía efectiva de entrada sigue siendo el mercado secundario.
¿Contradice esto a los tribunales? No: los tribunales cambiaron el terreno de juego del litigio, no el resultado de la ventanilla. Y ese matiz define las dos únicas vías reales que existen hoy.
Vía 1: solicitar, recibir la denegación y pelearla
Es una estrategia legítima que el sector conoce bien — buena parte del parque VTC actual nació por sentencia, no por ventanilla. Tras el Supremo, la posición del solicitante que recurre es mejor que antes: la administración tiene que justificar la restricción, y no todas las justificaciones aguantarán. Pero el precio de esta vía se paga en su moneda propia: años de procedimiento, costes jurídicos con especialista, y resultado incierto que dependerá de cada territorio y de cómo evolucione la doctrina. Es una opción de litigante paciente, no un atajo.
Vía 2: comprar una autorización existente
La ruta por la que opta la inmensa mayoría: una licencia ya concedida, transmisible, operando en semanas. Su coste es conocido y público — de 23.016 € en A Coruña a 198.014 € en Baleares según el índice de julio de 2026 — y su calendario también: el cierre custodiado trabaja con objetivo de 7-15 días desde la señal, contra los años de la vía judicial.
Cómo decidir (con números, no con eslóganes)
La comparación honesta entre pelear una licencia nueva y comprar una hecha depende de tres variables tuyas: la provincia (no es lo mismo litigar donde la justificación administrativa es débil que donde está blindada), el horizonte (¿puedes esperar años sin operar?) y la tolerancia al riesgo jurídico. Para eso está el test de viabilidad: cruza el estado regulatorio de tu territorio con los costes y plazos de cada vía y te devuelve la foto de tu caso. Y el estado de cada provincia — ventanilla, litigios relevantes, autorizaciones oficiales — vive actualizado en nuevas licencias y el mapa.
Qué vigilar los próximos meses
Tres señales moverán este tablero antes que ninguna otra. Primero, cómo motivan las comunidades las denegaciones posteriores al Supremo: cada resolución bien o mal justificada es munición para la siguiente ronda de recursos. Segundo, los pronunciamientos territoriales: una sentencia autonómica que tumbe una justificación concreta puede cambiar el estado de una provincia sin tocar el resto del mapa. Tercero, la respuesta normativa: nada impide a un territorio rehacer su marco con una justificación que sí aguante el estándar europeo — y consolidar el cierre por la puerta buena. Seguimos las tres señales provincia a provincia, con fuente y fecha, en el mapa regulatorio.
Una cosa más, porque la casa no vende humo ni siquiera a su favor: si la doctrina post-Supremo acaba abriendo la oferta en algunos territorios, el valor de la escasez que hoy sostiene los precios se moderará ahí. Es el escenario que cualquier comprador serio debe tener en su tesis — lo contamos sin adornos también al hablar de inversión. Mientras tanto, el mapa es el que es, y está publicado con fecha.